El aborto, una sanción escrita en el Perú
¡Bienvenidos a este blog! Hoy me senté a reflexionar sobre un tema muy controvertido, algo que no es fácil de expresar y que sigue siendo objeto de debate en la actualidad: el aborto. Se cuestiona si la mujer debería tener el derecho de decidir continuar o no con la gestación. Hablar sobre el aborto parece hacer sobresaltar a cualquiera que escuche la palabra en el Perú. ¿Sigue siendo acaso un tabú? Porque, de hecho, sí sigue siendo un delito, tal como lo establece nuestro Código Penal, por atentar contra la vida del concebido. Además, la Constitución lo respalda al reconocer como derecho fundamental el derecho a la vida en su artículo 2, impidiendo en todo contexto actual su legalización por completo.
Sin embargo, si se compara con otros países latinoamericanos, notaremos un contraste significativo. En Argentina, por ejemplo, el aborto ha sido legalizado bajo la ley 27.610, y en México se ha declarado inconstitucional su prohibición a nivel federal. Más allá del continente, Francia ha dado un paso aún más adelantado, pues en marzo de 2024 se convirtió en el primer país del mundo en establecer en su Constitución el acceso al aborto como un derecho constitucional en su artículo 34. Esto marca una gran diferencia con nuestro país; mientras que en otras naciones se entiende el aborto como parte de los derechos sexuales y reproductivos, en el Perú se sanciona su acto.
Entonces, ¿qué estamos haciendo como sociedad con las mujeres que necesitan ser escuchadas? Pues parece que no estamos haciendo nada. Se les silencia, se les juzga, se les impone el miedo y la culpa. En lugar de brindarles contención, se les siguen negando derechos fundamentales, como si su vida no tuviera valor. El derecho de decidir sobre el propio cuerpo no debería ser considerado un capricho, sino una parte esencial del ejercicio pleno de los derechos humanos. No se trata de imponer posturas, sino de que el estado reconozca que debe proteger a mujeres y niñas vulneradas que enfrentan embarazos no deseados o forzados, porque “la maternidad será deseada o no será”.
Legalmente castigadas, moralmente abandonadas
A pesar de estar en pleno siglo XXI en el Perú, las leyes siguen priorizando las penas antes que la protección de las niñas y adolescentes víctimas de una violación, quienes se ven obligadas a continuar con su embarazo cargando consigo mucho sufrimiento, miedo y soledad al sentirse desprotegidas por quienes dicen que promueven la justicia. ¿Cómo puede ser posible que, a pesar de ellas ser las víctimas, tengan que pasar por investigaciones y sanciones?
En la ley 635 del Código Penal peruano se establecen los artículos que sancionan el aborto según la situación o circunstancia. El artículo 114 sanciona con penas privativas de libertad no mayor a dos años cuando la mujer causa su propio aborto. El artículo 115 sanciona al que causa el aborto con el consentimiento de la mujer. El artículo 116 sanciona a quien realice un aborto sin el consentimiento de la mujer, con una pena de tres a cinco años de prisión. En el artículo 117 se sanciona a los profesionales de la salud que abusen de su conocimiento para provocar un aborto. En el artículo 120 se plantea el aborto sentimental producto de una violación, en el cual las sanciones son privativas de libertad de tres meses. De esta manera, las niñas y adolescentes deben cargar con secuelas físicas y emocionales. Además de problemas mentales tras sufrir una violación y al ser un embarazo a temprana edad, enfrentan muchos riesgos que van desde lo físico hasta lo psicológico, ya que aún se encuentran en una etapa de desarrollo. ¿ Entonces, si ellas son las víctimas, por qué deberían ser sancionadas? ¿Por qué deben dejar de ser niñas y cargar con la responsabilidad de ser madres, dejando de lado su sufrimiento?
¿De qué sirve una ley si nadie la aplica?
Todo parece negro con estas sanciones, pero se encuentra algo de gris en el artículo 119, en el cual se despenaliza el aborto terapéutico. Aunque este aborto es legal y está establecido en el Perú desde 1924, muchas mujeres siguen afrontando serias barreras para acceder a este derecho sin miedo a ser sancionadas o estigmatizadas, las cuales son la falta de información para poder acceder a este aborto legal y la falta de conocimientos entre médicos y enfermeros sobre los protocolos que se usan para la realización de este aborto legal. ¿Sabían que solo 6 de cada 100 menores víctimas de una violación sexual pueden acceder al aborto terapéutico? Es increíble cómo, a pesar de ya estar establecido hace cien años, muchas víctimas no pueden acceder a este derecho, pues se les está negando información y el asesoramiento respectivo.
¿Y qué ocurre cuando el problema no es tan solo físico, sino el de un alma herida que ha sido despojada de su inocencia, un alma la cual tiene mucho por delante? Cuando el dolor no se ve, pero se siente en cada parte de su ser. En estos casos la ley no solo guarda silencio… a veces hasta termina castigando a quien más necesita protección.
El grito que nadie escuchó: la
historia de Camila
Hace dos años leí un caso donde el estado se vuelve cómplice… Camila (seudónimo), una niña de 9 años de edad, procedente de la sierra del Perú, fue violada por su padre numerosas veces. Sí, por su padre. No se puede alcanzar a imaginar algo tan atroz como esto; no estuvo a salvo ni siquiera en su propia casa. Ella quedó embarazada a los 13 años producto de esa violación constante y, aunque la ley permite el aborto terapéutico en casos de violación, no se lo permitieron. Camila fue víctima de tres niveles de violencia: la sexual, la institucional y la judicial.
El sistema le dio la espalda. No bastó con negárselo… sino que también la obligaron a llevarlo a término. ¿Lo puedes creer? Una niña, con el cuerpo y el alma destruidos, obligada a continuar con una etapa de gestación que ella no eligió y en la cual su voz fue apagada, para ser sometida, llevando una gran carga de sufrimiento en donde deja de ser niña para convertirse en madre. Y cuando tuvo una pérdida espontánea, la Fiscalía la acusó de inducirlo, siendo señalada por el artículo 114 del Código Penal.
A veces da miedo pensar que, en este país, el crimen no es violar, sino hablar del aborto. Que el castigo no lo recibe el agresor, sino la víctima. Es irónico, ¿no? ¿Qué clase de justicia es esa? ¿Una que niega los derechos fundamentales? Hablar de aborto no debería ser un acto de valentía, sino de humanidad. ¿Te imaginas estar en una sala de hospital, pidiendo ayuda, y que te digan que "no pueden hacer nada"? Que hay "trámites" que "no es tan grave" que "mejor sigas adelante ". Esa es la realidad.
Déjame decirte que no estás solo(a) al indignarte con esta historia… En el año 2023, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU también levantó la voz. Señaló que el Estado peruano falló de la manera más grave al no resguardar a Camila, y exigió acciones inmediatas. ¿Saben lo que esto significa? Que un organismo le diga a tu país que no procedió de la manera correcta, que le falló a una niña de todas las maneras posibles. La ONU ordenó que las leyes sean revisadas, que el aborto terapéutico sea de verdad garantizado, no falacias; de esa manera ningún menor tendrá que pasar por lo mismo. Esto va más allá de los códigos y los artículos: se trata de dignidad, de justicia y de humanidad. Y mientras esto no cambie, seguirán habiendo muchas niñas como Camila. Porque los peruanos no deben olvidar que “son niñas, no madres”.
Para más información del caso de Camila y un mejor entendimiento de ello, visita este enlace: https://saludconlupa.com/genero/la-importancia-del-caso-de-camila-para-impedir-el-embarazo-infantil/
"Educar para no castigar"
Después de haber adquirido este conocimiento sobre el tema, solo me queda claro que el Estado necesita implementar con extrema urgencia la Educación Sexual Integral en todas las escuelas. Esta no debe limitarse a hablar de sexo o de aspectos meramente biológicos, sino que debe enseñar desde temprana edad qué es el consentimiento, cómo identificar la violencia y cuáles son nuestros derechos sobre nuestro cuerpo.
La educación sexual no es ideología, es conocimiento. Durante años nos han repetido que los niños no mienten; sin embargo, no se escuchó a Camila. Esa indiferencia evidencia la urgencia de actuar con decisión.
Necesitamos una educación que no se base en el tabú, el miedo o la violencia, sino en la libertad, la información y la capacidad de cuidarnos, de expresarnos y de exigir lo que nos corresponde. Solo así podremos prevenir un problema que, de no atenderse, continuará repitiéndose.
Camila no es la primera niña, y al parecer no será la última; el Estado peruano ha sido sancionado 3 veces por la negativa del aborto terapéutico.
https://www.youtube.com/watch?v=XSzpEoLYTuw
